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Unificar los pliegos en las licitaciones de Sanidad

El Consejo Tripartito para el Desarrollo de la Relaciones Laborales ha aprobado por unanimidad un documento para unificar los pliegos en las licitaciones de los servicios de limpieza de los edificios dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

El acuerdo ha sido firmado por unanimidad por la Mesa del Sector de la Limpieza, la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO-PV, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-PV y las asociaciones empresariales AELPA, APYMELIC, APELVA y ASPEL.

El Consejo Tripartito está integrado por representantes de la administración del Consell, de las organizaciones sindicales y de las asociaciones empresariales más representativas de la Comunitat.

La reunión ha estado conducida por la presidenta del Consejo Tripartito, Amparo Garrigues, y la secretaria del Consejo, Marisol Sánchez-Taragaza. Entre los representantes de la Administración han acudido al encuentro el Secretario Autonomico de Empleo Enric Nonmdedéu, el director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, Gustavo Gardey y el subdirector general de Relaciones laborales Rogelio Navarro. También han estado presentes portavoces de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y de diferentes organizaciones empresariales del sector.

Las organizaciones empresariales presentes en la mesa de la limpieza han sido: ASPEL, Asociación Profesional de Empresas de la Limpieza, APELVA, la Asocación Provincial de Empresas de la Limpieza de València, APYMELIC, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Limpieza de Castelló y AELPA, la Asociación de Empresas de la Limpieza la Provincia de Alicante.

El acuerdo logrado supone un hito en los procesos negociadores, y por el trabajo decente, ya que se pretende con el mismo que, tanto las empresas licitadoras como las personas trabajadoras, no tengan que sufrir ni las subastas encubiertas al precio más bajo ni que estos recortes recaigan en el personal que sufren las consecuencias de adjudicaciones de contratos con fuertes bajas al precio de licitación.

Cabe recordar que este contrato es uno de los más importantes de la administración en cuanto al número de personas trabajadoras implicadas.
Los principales sindicatos y patronal, han acordado que en todas las licitaciones se debería incluir una cláusula previa que establezca la “posibilidad de modificar el contrato ampliando los precios por hora de los servicios para poder ajustarlos a la realidad de la negociación colectiva.

Asimismo, el acuerdo hace hincapié en que son más de 3.000 las personas que prestan sus servicios en este contrato amparadas por convenios diferentes, lo que puede hacer complejo determinar cuáles son costes reales de la mano de obra. Por esta razón, recomienda que se recabe con anterioridad dicha información a los adjudicatarios para evitar conflictos judiciales posteriores.

Con respecto a la determinación de la plantilla necesaria, el informe aprobado por la Mesa determina que deberá incluir como mínimo obligatoriamente la relación del personal subrogado. De esta manera se pretende evitar que el desconocimiento y el atrevimiento lleve a algunos licitadores a aplicar en las ofertas unos rendimientos genéricos de limpieza sobre unas superficies pocas veces exactas, obteniendo como resultado unas cargas de trabajo imposibles de cumplir.

Además, la Mesa opina que no debería existir posibilidad de subcontratación más allá de aquellas actividades que no estuvieran directamente relacionadas con el contrato.

En cuanto a la solvencia de las empresas licitadoras, la Mesa ha determinado que deberían de tenerse en cuenta certificados de buena ejecución de trabajos de limpieza e higiene hospitalaria pues la falta de experiencia “podría arriesgar la salud de la población y la propagación de infecciones”.

Por otra parte, el Consejo Tripartito ha señalado que “no es de recibo que por falta de cobro en plazo de las empresas por la Administración, las personas trabajadoras hayan recibido también atrasadas sus nóminas”. Por esta razón, se ha instado a que se pida a las empresas licitadoras la máxima solvencia financiera.

Por último, para la valoración de las ofertas, la Mesa ha recomendado que al precio no se le destine más de 35 puntos y que el resto de puntuación se debería de destinar al plan de trabajo ofertado por la empresa y a otros conceptos. De esta manera, se pretende evitar que se presenten ofertas inviables económicamente y que se produzca una precarización del trabajo y reducciones de plantilla.

 

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