Fuente: sid.usal.es
Los representantes del Observatorio Estatal de Limpieza de Edificios y Locales entregaron esta semana a la presidenta de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado, Lentxu Rubial, el primer informe de este organismo.
Se trata de un análisis de la situación del sector de la limpieza, que exige a los poderes públicos y las administraciones que aumenten el control sobre los Centros Especiales de Empleo (CEE) que trabajan en este sector.
Al acto de entrega del documento asistieron el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), Juan Díez de los Ríos, y el director de Relaciones Laborales, Manuel Lago Andrés. También estuvieron presentes el presidente de AFELIN, Juan Carlos Sánchez Vecina; la secretaria sectorial de Limpieza de FES-UGT, María Luisa López Valencia, y la secretaria de Comunicación y Servicios de Actividades Diversas de CCOO, Marina Tarrio.
El informe señala cómo en muchas ocasiones «la contratación de un CEE se convierte en una práctica ilegal, ya que se hace con el único objetivo de evitar la aplicación del convenio sectorial», lo que genera competencia desleal.
El problema surge cuando el CEE opera en el mercado laboral no protegido y aplica el Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, «lo que supone una precarización del empleo, al no mantener a la plantilla con empleo estable que desarrollaba el servicio para sustituirlo por personal con discapacidad al que se discrimina en el salario, ya que al retribuirle en base a este Convenio, se obtienen unos salarios hasta un 60% más bajos dependiendo de la zona de España donde se produzca».
A su vez, se constata que «ni siquiera existe un registro fidedigno en cuanto al número de CEE existentes y a los trabajadores que emplea, al estar las competencias transferidas».
En este sentido, con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), los autores del informe han comprobado que «el número se ha multiplicado por 12 desde los 135 CEE registrados en el año 1995 a los más de 1.600 que se han localizado en la actualidad».
Sin embargo, según los datos estudiados se constata que los CEE generan un número similar de empleos a personas con discapacidad que las empresas ordinarias, con la diferencia de que la tasa de temporalidad en éstos es mucho más alta.
En concreto, según los datos del SPEE, durante los seis primeros meses de 2010 los CEE firmaron 18.029 contratos a personas con discapacidad, de los cuales el 92,41% (16.661) fueron temporales. El total de contratos a este colectivo fue de 29.606, de los que 11.577 fueron realizados por empresas ordinarias, cuya temporalidad fue del 41%.
Este informe recuerda que legalmente el único contrato de servicios que un CEE puede suscribir con una empresa contratista debe responder a las medidas alternativas de carácter excepcional, es decir, cuando una empresa no pueda cumplir la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores.
De lo contrario, además de producir una discriminación, se estaría incumpliendo la legalidad vigente.
Por todos estos motivos, el informe destaca la necesidad de realizar «un mayor control sobre los requisitos para la constitución de un centro especial y una más rigurosa vigilancia en la aplicación de los recursos ajenos que este tipo de centros recibe de las Administraciones públicas, ya que de lo contrario se corre el riesgo de vaciar de contenido y de fundamento la esencia y finalidad misma de los CEE».
El informe recuerda, además, que los CEE fueron creados como medida transitoria, donde una persona con discapacidad podía formarse para incorporarse más tarde a una empresa ordinaria. Sin embargo, en la práctica no se cumple en muchos casos, ya que las personas con discapacidad trabajan en estos centros hasta unos 30 años.